El sector hortofrutícola español demanda en Madrid medidas urgentes para compensar los costes energéticos
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Las principales organizaciones agrarias de España se han reunido hoy en Madrid con representantes del Ministerio de Agricultura para abordar la crisis de rentabilidad provocada por los altos costes de la energía y los insumos. A pesar de los buenos datos de exportación, el margen de beneficio de los productores de hortalizas se ha visto reducido significativamente en el último trimestre.
Durante el encuentro, el sector ha presentado un decálogo de medidas que incluye bonificaciones fiscales para el gasóleo agrícola y ayudas directas para la modernización energética de las centrales de manipulación y envasado. El Gobierno se ha comprometido a estudiar la creación de un fondo de contingencia específico para la agricultura de regadío ante la volatilidad de los mercados energéticos globales.
La jornada de hoy en Madrid ha estado marcada por la intensidad de las negociaciones entre el sector agrario y la administración central. Las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) han trasladado la 'situación límite' que atraviesan muchos pequeños y medianos productores, especialmente aquellos dedicados al cultivo de invernadero en el sureste español y a los frutales de hueso en el valle del Ebro. Aunque la demanda de producto español sigue siendo alta, el incremento del 40% en los fertilizantes y del 25% en la energía eléctrica para riego está ahogando las economías de las explotaciones.
El portavoz del comité de crisis ha señalado que la agricultura española no puede competir en igualdad de condiciones con terceros países si no se establece una 'cláusula de salvaguardia energética'. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la reducción del IVA en la electricidad utilizada exclusivamente para fines agrícolas y una mayor flexibilidad en la contratación de potencias eléctricas, permitiendo a los regantes ajustar sus costes a los ciclos reales de cultivo.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha destacado que ya se han movilizado más de 300 millones de euros a través de los fondos del Plan de Recuperación para la digitalización y la instalación de energías renovables en el campo. Sin embargo, el sector considera que estas medidas son de medio plazo y que se necesitan soluciones inmediatas para salvar la rentabilidad de la actual campaña de verano, donde cultivos como el melón y la sandía están en plena producción.
Un punto de fricción importante ha sido la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria. Los agricultores exigen una vigilancia más estricta para garantizar que los precios en origen cubran realmente los costes de producción, que se han disparado de forma imprevisible. Se ha acordado la creación de un grupo de trabajo permanente que monitorice semanalmente los costes de los insumos y su repercusión en el precio final percibido por el agricultor.
La reunión ha concluido con el compromiso del Ministerio de elevar estas peticiones al próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. La intención es buscar un marco comunitario que proteja la soberanía alimentaria europea frente a los choques externos en los mercados de materias primas. Mientras tanto, el sector se mantiene en alerta, esperando que las promesas de apoyo se traduzcan en medidas publicadas en el BOE antes del fin de mes.
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial. Contrasta las decisiones técnicas con fuentes oficiales y profesionales.
