El Gobierno prorroga hasta final de año las ayudas extraordinarias al gasóleo agrario y pesquero con 67 millones de euros, un alivio para el campo andaluz y murciano
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El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de las ayudas extraordinarias al gasóleo agrario y pesquero hasta el 31 de diciembre, según ha anunciado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las nuevas medidas cuentan con un presupuesto de 67 millones de euros, reforzando así el apoyo al sostenimiento de los combustibles en un momento en que el gasóleo agrario se ha encarecido en torno a un 48% en el último año.
La decisión llega en plena campaña de siembras y de recolección en Andalucía y Murcia, y alivia la presión sobre los costes de producción de explotaciones agrícolas y ganaderas, incluidos los agricultores de invernadero de Almería y los productores de regadío del Levante. El sector agrario, que mantiene movilizaciones convocadas por ASAJA, COAG y UPA, valora la medida aunque advierte de que serán necesarias soluciones estructurales para garantizar la rentabilidad de las explotaciones.
El Gobierno de España ha prorrogado hasta final de año las ayudas extraordinarias al gasóleo agrario y pesquero, según anunció el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado 29 de septiembre. Las nuevas medidas tienen un presupuesto de 67 millones de euros, con lo que se refuerza de forma significativa la dotación global acumulada destinada al sostenimiento de los combustibles para el sector primario desde el inicio de la crisis de precios. La prórroga se produce en un contexto de fuerte encarecimiento del combustible, que llegó a pagarse en torno a 1,649 euros por litro a principios de septiembre, un 48% más que hace un año.
La medida supone un alivio directo para los agricultores y ganaderos de Andalucía y la Región de Murcia, dos comunidades en las que el peso del sector agroalimentario es estratégico. En Almería, los productores de hortalizas de invernadero afrontan cada campaña una creciente presión de los costes de producción, en la que la energía y el combustible juegan un papel determinante, junto a la mano de obra, los fertilizantes y los fitosanitarios. Del mismo modo, los agricultores de regadío del Levante y del Campo de Cartagena, así como los olivareros y cerealistas andaluces, verán reducida la factura energética de sus explotaciones en los próximos meses.
La prórroga coincide con un momento crítico del calendario agrario: plena campaña de siembras de otoño, recolección de maíz y uva, y el inminente arranque de la campaña de aceituna en Andalucía. El tractor no puede detenerse y el encarecimiento de los carburantes se había convertido en uno de los principales motores de la movilización del campo. Precisamente, ASAJA, COAG y UPA anunciaron el pasado mes de septiembre movilizaciones inmediatas en todo el territorio nacional ante la 'subida inasumible' del combustible, reclamando respuestas a todas las administraciones ante la expiración de las ayudas, que se producía el 30 de septiembre.
Con la prórroga aprobada, el Ministerio cumple con la demanda de prorrogar el apoyo a los combustibles agrarios y pesqueros hasta el cierre del ejercicio, aunque las principales organizaciones agrarias consideran que la medida es necesaria pero no suficiente. El sector mantiene sus reivindicaciones de fondo, entre ellas la reducción de la carga burocrática, la defensa de los acuerdos comerciales en condiciones de reciprocidad y el acceso a herramientas fitosanitarias en igualdad de condiciones con otros Estados miembros, además de una fiscalidad más justa para el gasóleo profesional.
Mientras tanto, la medida supone un respiro para miles de explotaciones familiares de Andalucía y Murcia en pleno arranque de la campaña hortofrutícola de otoño, que en provincias como Almería se presenta con perspectivas de estabilidad en la superficie plantada y con la vista puesta en los mercados europeos. El apoyo al combustible agrario se suma así a otras líneas de respaldo aprobadas recientemente para aliviar los costes del sector primario, en un ejercicio marcado por la adversidad climática, la presión fitosanitaria y la incertidumbre geopolítica.
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