El campo andaluz mantiene el pulso al Gobierno y prepara movilizaciones ante unas ayudas al gasóleo que considera 'insuficientes'

El campo español mantiene la presión sobre el Gobierno. El Real Decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros prorroga hasta el 31 de diciembre la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios, con un importe de hasta el 70% de la diferencia entre el precio medio semanal y el precio previo al conflicto, sin que pueda superar los 0,2 euros por litro. La medida, que también amplía la compensación a la flota pesquera, ha sido calificada por las organizaciones agrarias como un 'parche' que no resuelve el problema de fondo. El combustible agrícola alcanzó una media de 1,405 euros por litro a principios de septiembre, un 48% más que el año anterior, según los datos manejados por las organizaciones agrarias. Solo en labores de preparación y siembra de las hectáreas susceptibles de laboreo, el sector calcula un sobrecoste de al menos 200 millones de euros en gasóleo respecto al ejercicio precedente, una cifra que podría superar los 300 millones si el precio se mantiene en los niveles actuales. En Andalucía, donde el campo genera un tejido económico esencial para provincias como Almería, el malestar se concentra en el impacto de la subida de costes sobre la rentabilidad de las explotaciones. El coste medio de producción en invernadero alcanzó los 0,632 euros por kilogramo en junio de 2026, frente a los 0,603 euros de un año antes, mientras los gastos energéticos, la mano de obra, los insumos y el transporte continúan al alza. La agricultura almeriense, que mueve más de 5.200 millones de euros en comercialización, ve así erosionados unos márgenes ya de por sí ajustados. Las organizaciones agrarias, que se reunieron con el ministro Luis Planas tras la aprobación del decreto, también reclaman medidas de calado en el ámbito de los fertilizantes y un sistema de pago de las ayudas 'más directo y sencillo'. Sobre la mesa sigue la demanda de un plan estructural para el sector, ante una coyuntura marcada además por la incertidumbre geopolítica, las amenazas fitosanitarias como la plaga de parvispinus en el poniente almeriense y la necesidad de garantizar el relevo generacional. Mientras tanto, el Ministerio mantiene que el sector agroalimentario y pesquero es 'estratégico' por su relevancia económica y social y por garantizar la seguridad alimentaria, y defiende que las medidas adoptadas sirven para amortiguar el impacto del encarecimiento energético. Sin embargo, el sector ya ha anunciado que las movilizaciones se concretarán en los próximos días en toda España, con especial incidencia en las regiones productoras de frutas y hortalizas como Andalucía y Murcia, donde el inicio de la campaña de otoño-invierno exige márgenes que garanticen la viabilidad de las explotaciones.