Frente común de Levante y Andalucía contra el recorte de 100 hm³ en el Trasvase Tajo-Segura: 'Es un crimen ecológico'

La guerra del agua vuelve a la primera línea de la actualidad agrícola. La propuesta técnica que baraja el Gobierno central para revisar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y elevar los caudales ecológicos en la cabecera ha desatado una tormenta de indignación en las provincias receptoras. Desde Alicante, Murcia y Almería, la respuesta ha sido unánime y contundente: la medida se considera un ataque directo a la viabilidad del sector hortofrutícola más competitivo de Europa. Las estimaciones técnicas presentadas por las comunidades de regantes cifran el impacto en una pérdida de 100 hectómetros cúbicos anuales, un volumen crítico para la supervivencia de miles de hectáreas de cultivo. El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha sido especialmente duro en sus declaraciones de esta mañana, tildando la maniobra de 'crimen ecológico'. El argumento esgrimido por las administraciones autonómicas y los regantes es que reducir el aporte de agua de calidad del Tajo obligará a una sobreexplotación de acuíferos o al abandono de tierras, lo que paradójicamente favorecerá el avance del desierto que el Ministerio dice combatir. 'Mientras se hurta agua a la agricultura del sureste, se permite que esos caudales acaben en el mar sin uso en Portugal', han criticado fuentes del sector. Los regantes del Levante almeriense, también afectados por el acueducto, se han sumado a las protestas. Recuerdan que el precio del agua desalada, incluso con subvenciones, triplica o cuadruplica el coste del agua trasvasada, además de presentar problemas agronómicos por su alta concentración de boro si no se mezcla adecuadamente. 'No pedimos agua para regar campos de golf, pedimos agua para producir alimentos. Cerrar el grifo del Tajo es cerrar empresas y destruir empleo en Almería, Murcia y Alicante', señalan desde las organizaciones agrarias locales. El conflicto amenaza con judicializarse de nuevo. Las comunidades autónomas afectadas ya preparan informes técnicos basados en 'criterios estrictamente científicos' para rebatir la necesidad de elevar los caudales ecológicos en los tramos del Tajo que justifican el recorte. Sostienen que el río Tajo tiene problemas de depuración en Madrid que no se solucionan enviando más agua limpia por el cauce, sino invirtiendo en saneamiento. Exigen que prevalezca la ciencia hidrológica sobre la 'arbitrariedad política' en la planificación hidrológica nacional. La incertidumbre generada por este anuncio llega en un momento crítico, justo cuando se planifican las campañas de primavera y verano. La falta de garantía en el suministro hídrico desincentiva la inversión y pone en riesgo los contratos de exportación con las grandes cadenas de distribución europeas, que exigen seguridad en el suministro. El sector anuncia un 'otoño caliente' de movilizaciones si no se reconduce la propuesta y se sienta a las partes a negociar un Pacto Nacional del Agua real.