Tensión hídrica: Murcia amenaza con acciones legales a la Confederación del Tajo por 'irregularidades' en el trasvase
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El conflicto por el agua entre el Levante y la cuenca del Tajo se ha recrudecido este sábado tras el anuncio del Gobierno de la Región de Murcia de emprender medidas legales. El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha comunicado que su ejecutivo requerirá información detallada a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) sobre presuntas irregularidades en la gestión del acueducto Tajo-Segura, considerándolo el paso previo a una demanda judicial.
La decisión surge en un momento crítico, coincidiendo con la tramitación de las nuevas reglas de explotación propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica, que según estimaciones del gobierno murciano, podrían recortar hasta en un 50% los envíos de agua para el regadío. El sector agrícola del sureste español observa con máxima preocupación estas maniobras que ponen en riesgo la viabilidad de miles de hectáreas de cultivos.
La guerra del agua vive un nuevo episodio de alta tensión. El Gobierno de la Región de Murcia ha decidido pasar a la ofensiva ante lo que considera un 'maltrato sistemático' a los regantes del Levante. En una comparecencia realizada tras la última reunión con representantes del sector agrario, el presidente Fernando López Miras ha anunciado que exigirán explicaciones formales a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por lo que califican de 'anomalías injustificadas' en la gestión técnica del trasvase Tajo-Segura durante los últimos meses.
Según fuentes del ejecutivo regional, existen indicios de que se han tomado decisiones arbitrarias para limitar los envíos de agua, incluso cuando los embalses de cabecera cumplían con los requisitos técnicos para autorizar trasvases mayores. 'No vamos a permitir que se juegue con el pan de miles de familias basándose en criterios políticos y no técnicos', aseveró López Miras, quien advirtió que si las explicaciones de la CHT no son satisfactorias, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma interpondrán las acciones judiciales pertinentes.
El telón de fondo de este enfrentamiento es la inminente modificación de las reglas de explotación del trasvase que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica. Los informes técnicos manejados por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca alertan de que la nueva normativa, al elevar los caudales ecológicos del Tajo, podría reducir a la mitad el agua disponible para la huerta de Europa. Esto supondría un golpe letal para cultivos estratégicos en Murcia, Alicante y Almería.
Las organizaciones agrarias como Asaja y Proexport han cerrado filas con el gobierno regional, denunciando la indefensión del sector. Argumentan que la falta de agua no solo afecta a la producción agrícola, sino que también frenará la industria auxiliar y el transporte, motores económicos del sureste. Además, critican que mientras se recortan los trasvases, las alternativas como el agua desalada siguen teniendo costes energéticos prohibitivos que restan competitividad frente a terceros países.
Este nuevo frente judicial se suma a los recursos ya presentados anteriormente ante el Tribunal Supremo. La Región de Murcia busca así blindar el acueducto Tajo-Segura como una infraestructura de Estado irrenunciable, mientras desde el Gobierno central se insiste en la necesidad de adaptar la gestión hídrica al cambio climático y a las exigencias medioambientales de la cuenca cedente.
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial. Contrasta las decisiones técnicas con fuentes oficiales y profesionales.
