Alerta en el Levante: Las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura amenazan con recortar el 50% del agua para regadío en 2027
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El sector agrícola del Levante español se ha despertado hoy con una profunda preocupación tras conocerse los detalles de las nuevas reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Según los análisis preliminares realizados por las organizaciones de regantes y el gobierno de la Región de Murcia, la normativa proyectada implicaría una reducción drástica de hasta el 50% en los volúmenes de agua destinados al regadío en Alicante, Murcia y Almería a partir del año 2027.
Esta modificación regulatoria, que busca elevar los caudales ecológicos del río Tajo, plantea un escenario de 'encrucijada' para la huerta de Europa. Las asociaciones agrarias advierten que, sin alternativas hídricas consolidadas y a precios competitivos, el recorte estructural pondría en riesgo la viabilidad de miles de hectáreas de cultivos de alto valor y el empleo de miles de familias en el sector agroalimentario del sureste.
La tensión hídrica en el sureste español vuelve a escalar niveles máximos. Los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y representantes del sector hortofrutícola de Murcia y Almería han lanzado una voz de alarma ante lo que consideran un 'cambio de reglas del juego' que amenaza la supervivencia de la agricultura de regadío en la zona. El documento técnico que baraja el Ministerio plantea un incremento progresivo de los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo, lo que, según los cálculos del sector, detraerá automáticamente los recursos disponibles para el trasvase, reduciendo la dotación para riego a la mitad en el horizonte de 2027.
Desde FEPEX y las organizaciones agrarias de la zona (ASAJA, COAG, UPA), se ha calificado la propuesta como un golpe directo a la línea de flotación de la economía regional. Argumentan que la desalación, planteada a menudo como la alternativa principal, aún no cuenta con la capacidad de transporte ni con los costes energéticos subvencionados necesarios para sustituir el volumen de agua que dejaría de llegar desde el Tajo. 'No se trata solo de agua, se trata de la competitividad de nuestros precios y de la seguridad alimentaria de Europa', señalan fuentes del sector.
El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado que presentará alegaciones contundentes y solicitará una reunión urgente con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las autoridades autonómicas defienden que el trasvase es una infraestructura irrenunciable y que las nuevas reglas carecen de un estudio de impacto socioeconómico riguroso que contemple las pérdidas millonarias en exportaciones y la destrucción de tejido productivo en las provincias afectadas.
Por su parte, los agricultores de Almería, especialmente en la zona del Levante almeriense, observan con inquietud el desarrollo de los acontecimientos. La dependencia de los recursos externos es alta en esta comarca, y un recorte de tal magnitud obligaría a una reestructuración forzosa de los cultivos, abandonando probablemente las producciones más demandantes de agua o aquellas con márgenes de rentabilidad más ajustados. La incertidumbre ya está frenando algunas inversiones previstas para la próxima campaña de primavera.
El sector ha convocado asambleas informativas para los próximos días y no descarta iniciar un calendario de movilizaciones si no se abre una mesa de diálogo real. Exigen un Plan Hidrológico Nacional que garantice la solidaridad interterritorial y el acceso al agua como un bien de estado, rechazando que la sostenibilidad ambiental del Tajo se consiga a costa del desierto económico del Levante.
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