Frente común de COAG y FEPEX contra el nuevo acuerdo comercial UE-Marruecos por incluir el Sáhara Occidental
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Las organizaciones agrarias españolas han intensificado hoy su ofensiva en Bruselas contra la modificación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Tanto COAG como la federación de exportadores FEPEX denuncian que el nuevo texto, que extiende las ventajas arancelarias a los productos del Sáhara Occidental, vulnera la legalidad internacional y las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
El sector hortofrutícola considera esta medida un "golpe letal" basado en la competencia desleal, ya que permite la entrada de tomate y otras hortalizas producidas en el Sáhara bajo condiciones laborales y fitosanitarias mucho más laxas que las europeas, pero con la etiqueta de origen marroquí.
La tensión en el campo español ha alcanzado hoy un nuevo pico tras confirmarse los detalles de la propuesta de la Comisión Europea para blindar el comercio con Marruecos. Las organizaciones COAG y FEPEX han calificado de "triquiñuela legal" la decisión de Bruselas de sortear las sentencias del TJUE mediante un intercambio de cartas que reconoce *de facto* las producciones del Sáhara Occidental como marroquíes a efectos aduaneros. Esta mañana, representantes del sector han advertido que preparan una batería de acciones legales para frenar lo que consideran un atropello a los productores comunitarios.
Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, ha sido contundente en sus declaraciones: "La Comisión Europea se ha saltado su propio mandato judicial para favorecer a las grandes corporaciones importadoras, sacrificando a las familias agrícolas del sur de Europa". Según los datos manejados por la organización, las importaciones de tomate y pimiento desde estas zonas se han disparado en la última década, presionando los precios a la baja y expulsando del mercado a productores de Almería, Murcia y Canarias.
Por su parte, FEPEX ha alertado sobre la indefensión del consumidor europeo. La normativa actual permite que productos cultivados en el Sáhara Occidental entren en la cadena de suministro sin una diferenciación clara en el etiquetado, impidiendo que el ciudadano conozca el origen real de lo que compra. Además, denuncian que en dichos territorios no se aplican las mismas exigencias en materia de derechos laborales ni de control de plagas, lo que supone un riesgo fitosanitario añadido para los cultivos continentales.
El conflicto trasciende lo agrario y toca la fibra sensible de la política exterior europea, pero para el agricultor de invernadero el impacto es puramente económico. Con los costes de producción en España en aumento debido a las nuevas normativas verdes y laborales, la competencia de un producto con costes infinitamente menores y entrada libre de aranceles se percibe como una amenaza existencial. Las organizaciones agrarias exigen al Gobierno de España una postura firme de rechazo en el próximo Consejo de Ministros de la UE.
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial. Contrasta las decisiones técnicas con fuentes oficiales y profesionales.
