La Junta y el sector agrario andaluz constituyen hoy un frente común para exigir 'cláusulas espejo' ante el inminente acuerdo con Mercosur

En una jornada decisiva para el futuro del campo andaluz, la Consejería de Agricultura celebra hoy miércoles la primera gran reunión del año de la Mesa de Interlocución Agraria, marcada por la urgencia diplomática y comercial. Tras el respaldo mayoritario del Consejo de la UE el pasado viernes a la firma del Acuerdo de Asociación con Mercosur, previsto para el día 17, Andalucía ha activado todas las alarmas. El Gobierno andaluz, respaldado por las organizaciones agrarias, exige la implementación inmediata de 'cláusulas espejo' que garanticen que las importaciones de Sudamérica cumplan los mismos estándares sanitarios, laborales y medioambientales que se exigen a los productores europeos. El consejero Ramón Fernández-Pacheco ha manifestado, en declaraciones previas al encuentro, que la Junta pedirá al Gobierno de España que haga 'lo posible y lo imposible' para activar salvaguardas que protejan productos sensibles como los cítricos, el tomate y la ganadería. Existe un temor fundado en el sector almeriense y onubense a que la entrada masiva de productos con menores costes de producción y normativas más laxas provoque una competencia desleal inasumible, rompiendo el equilibrio del mercado interior en plena campaña de invierno. Durante la reunión de hoy, se espera que se diseñe una hoja de ruta que incluya la solicitud de medidas compensatorias específicas y un refuerzo extraordinario de los controles en los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF). Desde FEPEX y las asociaciones de exportadores como Proexport, ya se ha trasladado que, si bien el acuerdo podría abrir puertas a ciertos envíos, el balance global amenaza con ser deficitario para el modelo de agricultura familiar y profesional del sur de Europa. La postura de Andalucía es clara: apoyo al libre comercio siempre que sea justo y equilibrado. Sin embargo, la asimetría en las exigencias de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo frente a las normativas de Mercosur coloca al agricultor andaluz en una posición de desventaja competitiva que la administración autonómica pretende combatir con firmeza desde hoy mismo.