División en el sector ante el plan del Gobierno de ceder 17.000 fincas públicas para el relevo generacional
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El reciente anuncio del Gobierno de España de movilizar 17.000 fincas de titularidad pública para facilitar el acceso a la tierra a jóvenes agricultores ha generado reacciones encontradas en el sector agrario. Mientras que organizaciones como UPA han valorado la medida como un paso en la 'buena dirección', desde ASAJA y COAG se muestran escépticos, cuestionando la viabilidad agronómica de los terrenos ofrecidos y la falta de infraestructuras de riego.
La iniciativa, que forma parte de un paquete más amplio para fomentar el relevo generacional, busca combatir el envejecimiento del campo, donde el 40% de los titulares supera los 65 años. Sin embargo, el debate se centra hoy en la calidad de estas tierras y en si la medida viene acompañada de los recursos financieros y formativos necesarios para garantizar el éxito de los nuevos proyectos empresariales agrarios.
El debate sobre el relevo generacional en la agricultura española se ha intensificado hoy tras el análisis pormenorizado de la propuesta gubernamental lanzada recientemente. El plan, que contempla la puesta a disposición de 17.000 parcelas propiedad del Estado para jóvenes emprendedores, ha sido el tema central de las asambleas agrarias celebradas este miércoles. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha manifestado su apoyo a la iniciativa, considerándola una herramienta útil para romper una de las principales barreras de entrada al sector: el acceso a la tierra. Cristóbal Cano, secretario general de UPA, ha destacado que «toda medida que facilite la incorporación de jóvenes es bienvenida», aunque ha matizado que debe ir acompañada de un apoyo integral que incluya financiación y asesoramiento técnico.
No obstante, la acogida no ha sido unánime. Desde ASAJA, su presidente Pedro Barato ha expresado serias dudas sobre la efectividad real del plan. El argumento principal de la organización es que muchas de estas fincas podrían ser terrenos de secano con baja productividad o ubicados en zonas marginales, lo que las haría inviables económicamente para iniciar una actividad profesional competitiva. «De nada sirve dar tierra si no hay agua ni rentabilidad; si son fincas de secano rabioso, es un regalo envenenado para los jóvenes», han señalado fuentes de la organización, exigiendo un inventario detallado de las características agronómicas de los terrenos ofertados.
COAG se ha alineado con esta postura crítica, reclamando que la medida no sea un mero anuncio estético. Miguel Padilla, líder de COAG, ha insistido en que el problema del relevo generacional es poliédrico y no se soluciona solo con tierra. «Los jóvenes necesitan certidumbre, precios justos y una PAC que no les asfixie. Si les damos tierras pero no les garantizamos que podrán vivir de su trabajo, abandonarán en dos años», ha afirmado. Además, las organizaciones han pedido que se clarifique el mecanismo de adjudicación y si habrá líneas de ayudas específicas para la modernización de estas explotaciones, muchas de las cuales podrían llevar años en desuso.
El Gobierno, por su parte, defiende que la movilización de este patrimonio público es una medida estructural necesaria y complementaria a las ayudas de la PAC, que propone destinar un 10% de sus fondos al relevo generacional. En un contexto donde la edad media del agricultor español sigue en aumento, la eficacia de este plan será determinante para el futuro del tejido rural. El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a dialogar con las OPAs para perfilar los detalles de la convocatoria y asegurar que las tierras cedidas cuenten con un potencial productivo real.
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial. Contrasta las decisiones técnicas con fuentes oficiales y profesionales.
