El sector agrario mantiene la presión en las calles tras lograr el freno judicial al acuerdo UE-Mercosur

El campo español ha recibido con un optimismo cauteloso la noticia procedente de Estrasburgo, donde el Parlamento Europeo ha aprobado esta semana la solicitud para someter el controvertido acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al control jurídico del Tribunal de Justicia de la UE. Esta maniobra, impulsada por la presión del sector primario comunitario, paraliza de facto la ratificación del tratado hasta que se resuelvan las dudas sobre su compatibilidad con los estándares europeos. Desde ASAJA, se ha valorado este movimiento como 'el triunfo de la bota de barro frente a la moqueta', destacando que la unidad de acción de los agricultores ha sido determinante para frenar un texto que consideraban desequilibrado y perjudicial para la soberanía alimentaria del continente. Sin embargo, la paralización institucional no ha desactivado la tensión en el campo. Este viernes, cientos de tractores colapsaron el centro de Zaragoza en una movilización masiva que evidencia que el malestar va más allá de Mercosur, abarcando la crisis de rentabilidad y la burocracia de la PAC. Los agricultores aragoneses, respaldados por sus organizaciones, han dejado claro que la 'pequeña batalla ganada' en Europa no soluciona los problemas estructurales del día a día, y exigen medidas concretas e inmediatas al Gobierno de España y a las autoridades autonómicas. En Andalucía, la situación es similar. Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias han confirmado que mantienen la convocatoria de protestas para el próximo 29 de enero. El sector andaluz, especialmente sensible a la competencia desleal en frutas y hortalizas, considera que la revisión judicial del acuerdo es solo un primer paso y reclama 'cláusulas espejo' reales que obliguen a las importaciones de terceros países a cumplir las mismas normativas fitosanitarias y laborales que se exigen a los productores europeos. La decisión de llevar el acuerdo a la justicia europea ha sido vista por los expertos como una táctica de dilación que ofrece un respiro político a la Comisión Europea, pero que no cierra el debate de fondo sobre el modelo comercial de la UE. Mientras se espera el dictamen judicial, que podría demorarse meses, el sector agrario español promete seguir en 'alerta máxima', utilizando tanto la vía diplomática en Bruselas como la presión social en las carreteras para asegurar que no se sacrifique al sector primario en el altar de la geopolítica comercial. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha reiterado su compromiso de defender los intereses españoles en los consejos de ministros de la UE, aunque las organizaciones agrarias critican la postura de los eurodiputados españoles de los grandes partidos, a quienes acusan de haber mantenido posiciones ambiguas hasta el último momento. Con el calendario de movilizaciones en marcha, el inicio de 2026 se perfila como un periodo de intensa reivindicación para asegurar el futuro de las explotaciones familiares.