COAG Andalucía celebra el freno judicial al acuerdo UE-Mercosur como una 'victoria táctica' para el sector hortofrutícola
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La organización agraria COAG Andalucía ha calificado hoy como una 'victoria táctica' la decisión del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del acuerdo comercial con Mercosur. Esta maniobra paraliza de facto el proceso de ratificación del tratado, ofreciendo un respiro a los agricultores españoles que temen una avalancha de importaciones desleales.
Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía, ha valorado positivamente el movimiento institucional, interpretándolo como una consecuencia directa de la presión social ejercida por el sector agrario en los últimos meses. No obstante, desde la organización advierten que no se debe bajar la guardia, ya que la Comisión Europea sigue buscando mecanismos para sacar adelante el pacto comercial.
El sector agrario andaluz ha amanecido este domingo con una sensación de alivio moderado tras conocerse en profundidad las implicaciones de la última votación en Bruselas. La decisión del Parlamento Europeo de enviar el acuerdo de asociación UE-Mercosur a la justicia europea para examinar su compatibilidad con los Tratados de la UE supone un bloqueo técnico que podría retrasar su implementación durante años. Para el campo de Almería, Granada y Huelva, esta noticia es vital, ya que el tratado amenazaba con liberalizar la entrada de cítricos, zumos y hortalizas procedentes de Brasil y Argentina sin aranceles.
Desde COAG Andalucía, se ha emitido una valoración oficial en la que se destaca que este freno judicial valida las denuncias que el sector lleva años realizando. "Hemos ganado una batalla importante, quizás la más crucial de los últimos tiempos, pero no la guerra", ha declarado Juan Luis Ávila. El dirigente agrario sostiene que el acuerdo, negociado durante más de dos décadas, ha quedado obsoleto ante las actuales exigencias del Pacto Verde Europeo. "No se puede exigir a nuestros agricultores que cumplan con los estándares más altos del mundo en sostenibilidad y seguridad alimentaria mientras se abren las puertas a productos cultivados con fitosanitarios prohibidos en Europa", argumentan desde la organización.
La preocupación ahora se centra en las posibles "estratagemas" que pueda utilizar la Comisión Europea para eludir este bloqueo, como la división del acuerdo en partes para aprobar los capítulos comerciales sin necesidad de unanimidad o ratificación parlamentaria completa. Por ello, las organizaciones agrarias insisten en mantener la tensión y la movilización en la calle. Consideran que el dictamen del TJUE podría tardar entre uno y dos años, un tiempo precioso que el sector debe aprovechar para rearmarse y exigir cláusulas espejo efectivas.
El impacto de Mercosur en Andalucía sería devastador según los informes técnicos de las OPAs, afectando no solo a precios y mercados, sino al propio modelo de agricultura familiar y social que vertebra el medio rural. La competencia de las grandes agroindustrias sudamericanas, con costes laborales y ambientales ínfimos, haría inviable la continuidad de miles de explotaciones. Por ello, este 'tiempo muerto' que otorga la justicia europea es visto como una oportunidad de oro para renegociar las reglas del juego del comercio internacional agrario.
En conclusión, aunque la ratificación del acuerdo ha quedado en suspenso, el sector hortofrutícola español se mantiene alerta. La paralización es un balón de oxígeno, pero la amenaza de fondo persiste. Las organizaciones agrarias continuarán vigilantes y no descartan endurecer sus protestas si perciben cualquier intento de Bruselas de reactivar el tratado por la vía rápida, ignorando las advertencias legales y el clamor del campo europeo.
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