Almería y Murcia lideran un frente común ante el Ministerio para frenar la devastadora plaga del pulgón

La crisis fitosanitaria provocada por diversas especies de pulgón (familia Aphididae) ha alcanzado un punto crítico este 7 de marzo de 2026, obligando a una coordinación sin precedentes entre las principales regiones productoras del país. El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y su homóloga murciana, Sara Rubira, han denunciado que la desaparición de materias activas del catálogo autorizado por la Unión Europea ha dejado a los agricultores sin «escudos técnicos» para proteger sus explotaciones. Según los informes técnicos, la incidencia en el Levante almeriense ya afecta a entre el 60% y el 70% de la superficie productiva de la comarca, obligando al arranque preventivo de cultivos para establecer cordones sanitarios. La petición formal enviada al Ministerio de Agricultura pone el foco en la necesidad de autorizar de manera excepcional los productos fitosanitarios formulados a base de spirotetramat 10%. Esta medida ya ha sido adoptada por países competidores como Italia, Francia y Alemania, lo que, según las organizaciones agrarias como COEXPHAL, sitúa a los productores españoles en una situación de clara desventaja competitiva y vulnerabilidad técnica. El sector advierte que la plaga no solo está destruyendo cultivos de lechuga, apio, espinaca y cítricos, sino que está provocando una reducción drástica de los puestos de trabajo en los almacenes de manipulación. En la Región de Murcia, la situación en Lorca y el Campo de Cartagena es igualmente alarmante. La consejera Rubira ha subrayado que la vulnerabilidad técnica actual exige una respuesta política inmediata que trascienda las competencias autonómicas. «Estamos ante una emergencia que pone en jaque el suministro hortofrutícola europeo», ha afirmado durante una visita a las parcelas afectadas, donde se ha comprobado la agresividad con la que el insecto está colonizando las plantaciones a pesar de los esfuerzos de biocontrol realizados por los productores. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha confirmado la recepción de la solicitud y ha indicado que sus servicios técnicos están evaluando la excepcionalidad del caso, aunque el sector exige que la resolución sea inmediata para salvar el tramo final de la campaña de invierno. Los agricultores temen que el retraso en la toma de decisiones provoque una pérdida definitiva de mercados internacionales frente a países terceros que no tienen las mismas restricciones en el uso de fitosanitarios. Finalmente, las comunidades autónomas han anunciado que, de no obtener una respuesta satisfactoria en las próximas 48 horas, elevarán la protesta a la Comisión Europea. El objetivo es reclamar no solo la autorización de herramientas de emergencia, sino una revisión profunda de la política de retirada de materias activas que no cuentan con alternativas biológicas o químicas eficaces y rentables para el campo mediterráneo.