Murcia y Andalucía lideran un frente común ante el Ministerio por la crisis de sanidad vegetal

La situación sanitaria en el campo del sureste español ha llegado a un punto crítico. Hoy, los gobiernos de Murcia y Andalucía han escenificado su unión para reclamar un cambio de rumbo en la política fitosanitaria nacional. La retirada paulatina de materias activas, impulsada por las normativas ambientales de la Unión Europea, está dejando a los agricultores 'desarmados' ante plagas como el pulgón, el trips o la araña roja. Esta carencia de soluciones está comprometiendo seriamente la viabilidad de miles de hectáreas, especialmente en el Valle del Guadalentín y el Campo de Cartagena. Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, ha sido contundente al señalar la 'hipocresía' que supone prohibir ciertos productos en España mientras se permite la entrada de importaciones tratadas con esas mismas sustancias. En coordinación con sus homólogos andaluces y valencianos, ha exigido que el Ministerio de Agricultura active los mecanismos de emergencia que prevé la normativa europea. Según Rubira, 'otros países vecinos como Francia o Grecia ya han autorizado excepcionalmente estos productos para salvar sus cosechas, y no entendemos por qué el Gobierno de España niega esta posibilidad a nuestros productores'. El sector hortofrutícola advierte de que la presión de las plagas, intensificada por un invierno inusualmente cálido, está provocando una disminución drástica en los rendimientos por hectárea. En cultivos de lechuga, brócoli y alcachofa, los agricultores están sufriendo mermas que en algunos casos superan el 30% de la producción comercializable. Esto no solo afecta a la rentabilidad del productor, sino que también pone en riesgo el suministro a los mercados europeos y la estabilidad de los puestos de trabajo en los almacenes de confección y manipulado. La alianza de las tres comunidades autónomas también reclama una mayor inversión en investigación para el desarrollo de nuevos métodos de biocontrol y soluciones biotecnológicas. Insisten en que el sector agrícola español es pionero en sostenibilidad, pero que la transición hacia una agricultura sin químicos debe ser 'justa, progresiva y basada en la ciencia, no en dogmatismos políticos'. La demanda incluye la creación de una mesa de trabajo permanente sobre sanidad vegetal donde participen técnicos de las regiones afectadas y representantes del sector privado. Desde Almería y Murcia, las organizaciones agrarias han respaldado este frente común, señalando que la falta de herramientas para combatir plagas es hoy la mayor amenaza para la seguridad alimentaria y la soberanía productiva de España. La respuesta del Ministerio en las próximas horas será clave para determinar si se autorizan las sustancias solicitadas o si, por el contrario, el conflicto institucional se traslada a las calles con nuevas movilizaciones del sector agrario en demanda de soluciones técnicas urgentes.