Andalucía, Murcia y Valencia forman un frente institucional ante el Ministerio por la falta de herramientas contra las plagas

La situación de la sanidad vegetal en el campo español ha llegado a un punto de no retorno que ha obligado a las administraciones regionales a intervenir de forma unificada. La consejera de Agricultura de Murcia, Sara Rubira, junto a sus homólogos de Andalucía y la Comunidad Valenciana, han elevado una queja formal al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El motivo central de esta alianza es la desprotección que sufren los cultivos hortofrutícolas debido a la eliminación de herramientas de control de plagas sin que existan alternativas eficaces y económicamente viables en el mercado. En la misiva enviada al ministro Luis Planas, las regiones alertan de que el cambio climático está acelerando la propagación de insectos y patógenos que antes eran minoritarios. La falta de productos fitosanitarios autorizados, unida a las crecientes exigencias de la gran distribución europea, está poniendo en riesgo la rentabilidad de miles de explotaciones. "Estamos ante una situación límite que tiene consecuencias catastróficas para los cultivos y que puede derivar en una pérdida masiva de puestos de trabajo en el entorno rural", han expresado de forma contundente las autoridades regionales. Uno de los puntos más polémicos de la denuncia es el agravio comparativo que sufren los productores españoles respecto a otros países de la Unión Europea. Según el comunicado, países como Portugal, Italia o Francia están autorizando mediante mecanismos de emergencia el uso de sustancias que en España siguen bloqueadas. Esto genera una pérdida de competitividad inmediata para los agricultores del arco mediterráneo, que deben enfrentarse a las mismas plagas pero con menos recursos legales para combatirlas, encareciendo los costes de producción y reduciendo los rendimientos. Las tres comunidades solicitan una reunión urgente para que el Gobierno de España defienda ante la Comisión Europea una moratoria en la retirada de sustancias críticas o, al menos, agilice los trámites para las autorizaciones excepcionales cuando exista un riesgo grave demostrado para la producción. El sector agrícola reclama que la transición hacia una agricultura más ecológica sea progresiva y esté respaldada por una investigación científica que ofrezca sustitutos reales antes de prohibir las herramientas actuales. El frente común subraya que la sostenibilidad del modelo agrícola español no solo depende de la reducción de químicos, sino también de la capacidad de mantener las fincas productivas y seguras. Sin una protección adecuada, la soberanía alimentaria de la región y la estabilidad económica del sector exterior se ven seriamente amenazadas. Esta movilización institucional cuenta con el respaldo total de las organizaciones agrarias y las cooperativas, que ven en esta carta un paso necesario para salvar la campaña de primavera y las futuras cosechas de cítricos.