El campo español inicia movilizaciones masivas ante la inminente aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

En un comunicado conjunto emitido este miércoles, las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) han calificado el acuerdo con Mercosur como una 'traición a la soberanía alimentaria de Europa'. Las movilizaciones han comenzado a primera hora de la mañana con cortes intermitentes en la frontera con Francia y concentraciones frente a las delegaciones del Gobierno en Almería y Murcia. Los agricultores exigen la inclusión de 'cláusulas espejo' que obliguen a las importaciones a cumplir las mismas normativas que se exigen a los productores españoles, garantizando así una competencia en igualdad de condiciones. El malestar del sector se ve agravado por la actual crisis de costes de producción, derivada del encarecimiento de los fertilizantes y los plásticos agrícolas. Según COAG, el acuerdo con los países sudamericanos presionará a la baja los precios percibidos por los agricultores españoles, que ya operan con márgenes muy ajustados. En el caso específico de las hortalizas, se teme que la eliminación de aranceles facilite la entrada masiva de productos que no respetan las exigencias de la Estrategia 'De la Granja a la Mesa' de la UE. Desde las instituciones se ha intentado calmar los ánimos prometiendo fondos de compensación, pero los líderes agrarios consideran que las ayudas directas no solucionan el problema estructural de competitividad que genera el tratado. 'No queremos subvenciones para morir dignamente, queremos leyes que protejan nuestro trabajo y la salud de los consumidores', declaró uno de los portavoces durante la concentración en el puerto de Algeciras, donde también se ha denunciado la falta de controles fitosanitarios eficaces en los puntos de entrada de mercancía. La jornada de hoy es solo el inicio de un calendario de protestas que podría culminar en una gran manifestación en Madrid a finales de abril. Las OPAs han habilitado calculadoras personalizadas para que cada agricultor pueda evaluar el impacto económico que tendrá el acuerdo en sus explotaciones, buscando concienciar sobre la gravedad de la situación. La presión social en las zonas rurales de Andalucía y Murcia es máxima, y los ayuntamientos de numerosos municipios agrícolas ya han aprobado mociones de apoyo a los productores. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha reiterado su intención de defender los intereses del sector en Bruselas, aunque reconoce que el margen de maniobra es limitado dado que el acuerdo ya cuenta con el respaldo mayoritario de la Comisión Europea. La batalla se traslada ahora al terreno político, con el sector agrario exigiendo un compromiso firme de las administraciones para evitar lo que consideran el desmantelamiento del modelo productivo familiar español.