Competencia pone pegas al plan de Planas para retirar aceite del mercado: eleva los precios al consumidor y el riesgo de cártel
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha expresado sus reticencias sobre el plan del Ministerio de Agricultura para retirar aceite de oliva del mercado con el fin de evitar la caída de precios. La medida, que arranca este 1 de octubre con la nueva campaña, busca proteger a los agricultores, pero la CNMC advierte que podría elevar artificialmente los precios para el consumidor y aumentar el riesgo de formación de cárteles en el sector.
La que es la medida estrella del Ministerio de Agricultura para intentar poner freno a los altibajos de precios en la nueva temporada del aceite de oliva, que arranca este miércoles 1 de octubre, acaba de darse un contundente traspié ante Competencia. Se trata de una orden impulsada por el departamento que dirige Luis Planas que prevé retirar aceite del mercado si la cosecha viene tan abundante que se produce una sobreoferta. Nunca se había dado un paso de esta naturaleza en España, pero la enorme tensión en el sector ha llevado a actuar. Las últimas campañas han sido casi de infarto. La sequía llevó a precios récord el oro líquido durante dos campañas, en las que se pagó a los productores una media de 9 euros por kilo, y la normalidad vista este año, en el que volvieron a producirse más de 1,4 millones de toneladas, los ha tirado al suelo. La CNMC critica que la medida no considera al consumidor y podría mantener artificialmente altos los precios del aceite de oliva. Competencia sugiere que ya existen mecanismos legales para afrontar desajustes de mercado sin retirar producto, según la Ley de la cadena alimentaria. O sea, se evitan de facto rebajas de precios que podrían producirse en lineales por la propia oferta y demanda. Además, la CNMC da de lleno en otra cuestión sensible, la Ley de la cadena alimentaria. Porque, apunta, Agricultura tendrá que acreditar por qué para proteger a los agricultores no son suficientes los instrumentos recogidos en esta normativa, que prohíbe pagar por debajo de los costes en los que haya incurrido el productor agrario.
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial. Contrasta las decisiones técnicas con fuentes oficiales y profesionales.
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