Tensión en el campo granadino: 20.000 agricultores amenazan con nuevas protestas ante la falta de ayudas por las borrascas
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La comisión de seguimiento de las ayudas agrarias en Granada, integrada por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, ha lanzado un ultimátum al Ministerio de Agricultura. Denuncian que más de 20.000 productores de seis comarcas siguen excluidos de los decretos de ayudas para paliar los daños sufridos por los últimos temporales.
Tras aplazar las movilizaciones previstas para marzo como 'gesto de buena voluntad', el sector asegura que la paciencia se ha agotado. El silencio institucional está provocando una ola de indignación en municipios que dependen exclusivamente de la agricultura y que han visto sus infraestructuras de riego y cultivos seriamente dañados.
El conflicto por las ayudas estatales en la provincia de Granada ha escalado nuevamente este 19 de abril. Las principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA), junto a la Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, han denunciado formalmente el incumplimiento del compromiso del Ministerio de Agricultura para incluir a las regiones de Baza, Huéscar, Guadix, Iznalloz, Montefrío y Loja en el decreto de ayudas por fenómenos meteorológicos adversos. Según las organizaciones, estos territorios fueron los más castigados por el tren de borrascas de principios de año, pero han quedado fuera del paraguas financiero del Gobierno central.
La comisión de seguimiento ha recordado que el pasado 18 de marzo se desconvocó una gran tractorada tras una reunión con la Subdelegación del Gobierno, donde se prometió una rectificación jurídica inmediata. Sin embargo, un mes después, no se ha publicado la orden de ampliación necesaria. 'Estamos ante un agravio comparativo sin precedentes', señalan desde la comisión, subrayando que muchos agricultores no han podido iniciar las labores de siembra para la temporada estival debido a los daños estructurales no reparados en sus explotaciones.
Los informes técnicos aportados por las cooperativas demuestran que las pérdidas superan los varios millones de euros en sectores como el olivar, los cereales y las hortalizas de aire libre. La exclusión de estas 20.000 familias no solo supone un golpe económico directo, sino que también pone en riesgo la estabilidad del empleo rural en estas comarcas, que ya luchan contra el problema de la despoblación. Los alcaldes de las zonas afectadas se han sumado al frente común, exigiendo una reunión urgente con el Ministro de Agricultura para desbloquear los fondos.
Desde el sector se advierte que, si a lo largo de esta semana no hay una respuesta oficial con fechas concretas de publicación en el BOE, los tractores volverán a las carreteras de forma indefinida. Se barajan cortes estratégicos en la A-92 y movilizaciones frente a la sede de la Subdelegación en Granada capital. El malestar es palpable, especialmente tras conocerse que otras regiones de España con daños similares sí han recibido ya las primeras transferencias de fondos europeos y estatales.
La situación en Granada es un reflejo de la tensión generalizada en el sector agrario español, que demanda una mayor agilidad burocrática ante las emergencias climáticas. Las organizaciones insisten en que la agricultura no puede esperar a los tiempos de la administración, ya que los ciclos de cultivo son inamovibles y la falta de liquidez actual puede condenar la producción de todo el año 2026.
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