Frente común de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana para exigir medidas urgentes contra la crisis de plagas

En un movimiento institucional sin precedentes, la consejera de Agricultura de la Región de Murcia, Sara Rubira, junto a sus homólogos de Andalucía y la Comunidad Valenciana, han remitido una carta urgente al ministro Luis Planas para solicitar una reunión técnica inmediata. El motivo es la situación de 'indefensión' en la que se encuentran miles de agricultores ante la proliferación de plagas que están diezmando producciones de pimiento, lechuga y cítricos en todo el arco mediterráneo. La principal preocupación del sector es el avance del insecto *Thrips parvispinus*, una plaga que se ha vuelto especialmente agresiva debido a los inviernos cálidos y a la eliminación progresiva de sustancias activas en la Unión Europea. Las organizaciones agrarias ASAJA y COAG han denunciado que, mientras otros países como Portugal o Italia permiten el uso excepcional de ciertos insecticidas para salvar sus cosechas, el Gobierno de España mantiene restricciones que generan un grave agravio comparativo y una pérdida de competitividad para los productores nacionales. El documento presentado reclama la autorización excepcional de productos como el spirotetramat, que se considera vital para frenar el pulgón y los trips en momentos críticos del ciclo de cultivo. El sector advierte de que si no se ofrecen soluciones rápidas, el abandono de explotaciones podría acelerarse, afectando no solo a la rentabilidad de las familias sino también al abastecimiento de los mercados. La misiva también subraya la necesidad de que la Unión Europea revise su política comercial para evitar la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas exigencias fitosanitarias. Esta alianza regional busca que la agricultura sea considerada una 'cuestión de Estado' y que se apliquen mecanismos de emergencia previstos en la normativa europea. Según los informes técnicos, la incidencia de virosis transmitidas por estas plagas ha aumentado un 15% en el último año en zonas de la costa de Granada y Almería, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los contratos de suministro con la exportación.